El pleno del Senado aprobó este jueves la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019, en medio de reclamos de la oposición y de la defensa de los legisladores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el marco de una maratónica sesión y con 68 votos a favor y 52 en contra en lo particular a las reservas realizadas por 30 senadores de oposición a los artículos 1, 2, 12, 16, 19, 21, 24, 25, 28 y los artículos sexto y decimoquinto del régimen transitorio, se avaló dicha ley que entrará en vigor el 1 de enero como parte del primer paquete económico del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con críticas de senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por el rechazo de Morena, el PT y PES para eliminar o disminuir el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

La Ley de Ingresos de la Federación 2019 por 5.8 billones de pesos, incluye ingresos adicionales de 23,768 millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo, los cuales se obtendrán del combate a la facturación falsa realizada por “empresas fantasmas”.

De los 5.8 billones de pesos que se estima obtener por concepto de ingresos para el año próximo, 3 billones 311,373.4 millones de pesos (3.3 billones) corresponden a impuestos.

Asimismo el marco macroeconómico de la LIF para 2019 prevé un crecimiento real de entre 1.5 y 2.5% anual; en particular, para las estimaciones de finanzas públicas se considera un crecimiento puntual de 2.0% real.

De acuerdo con la Ley de Ingresos turnada al Ejecutivo Federal, para el cierre del año próximo se proyecta una inflación de 3.4%, un tipo de cambio nominal promedio de 20.0 pesos, una tasa de interés nominal promedio de 8.3%.

Para la mezcla mexicana de crudo de exportación se considera un precio de 55.0 dólares por barril y una plataforma de producción de un millón 847,000 barriles de petróleo diarios.

La Ley de Ingresos contempla un déficit público de 2.0% del PIB, un superávit primario de 1.0% del PIB y meta un déficit para los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 2.5 % del PIB para 2019.

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